Una consecuencia inesperada de la conquista y el establecimiento español en la antigua Mesoamérica fue la migración de indígenas que abandonaban sus lugares de origen para residir en otros pueblos o bien en las villas y establecimientos agropecuarios de españoles. Es bastante conocida la expansión poblacional de los tarascos, que avanzaron junto con los encomenderos y los misioneros en el

Indios caciques, según Pedro Alonso O Crouley, "Idea compendiosa del reino de la Nueva España"

Indios caciques, según Pedro Alonso O Crouley, "Idea compendiosa del reino de la Nueva España"

Bajío, entonces conocido como “valle de los Chichimecas” para fundar poblaciones como Pénjamo, Acámbaro, San Felipe, Irapuato, Celaya y Salamanca. También existió una migración menos estudiada hacia territorios mucho más lejanos: Culiacán, Fresnillo, Zacatecas, Cuencamé, Parral, Indehé, Santa Bárbara de Chihuahua, Nombre de Dios, Xichú, San Luis de la Paz, y San Luis Potosí.

En cambio, la colonización tarasca de la ciudad de México (o “Echerio” en su lengua) es prácticamente desconocida. No deja de ser un fenómeno paradójico, teniendo en cuenta que anteriormente michoacanos y mexicanas habían sido enemigos hereditarios, enfrentados en cruentas batallas. No hay muchos datos al respecto, pero la migración tarasca en la capital aparece desde fechas tempranas. Para 1595 era ya lo bastante importante para que fuese necesario que las autoridades nombraran un “capitán” y dos alguaciles tarascos, para recaudar los tributos. (AGN, Indios, vol. 6, 1a. parte, exp. 1074, f.292). También, como es típico de los migrantes tarascos, buscaron organizarse en torno a una imagen religiosa. Existió una “capilla de los tarascos” en el convento imperial de Santo Domingo (AGN, Bienes Nacionales, vol. 1007, exp. 11).

Los tarascos de Echerio también recibían la visita ocasional de oficiales de república de los pueblos michoacanos, que podían permanecer en la capital durante semanas o incluso meses mientras promovían sus asuntos legales ante el virrey o la Real Audiencia. Algunas destacadas personalidades michoacanas, como don Luis de Castilleja Puruata, gobernador de Pátzcuaro, tomó tanta afición a la vida capitalina que fue necesario nombrar un “teniente de gobernador” o suplente, que lo reemplazara en las sesiones de cabildo. Hubo otros influyentes personajes que vivían en las cercanías, como el nieto del cazonci, el cacique don Constantino Huitzimengari, quien al fin de su vida fue gobernador de Coyoacán y de Xochimilco, además de esposo de una cacica de Texcoco. Don Constantino financió la construcción de una capilla dedicada a la Expiración de Cristo en el Hospital Real de Naturales, con el fin de que diera servicios a lo que llamaba “la congregación de los tarascos”. (López Sarrelangue, La nobleza indígena de Pátzcuaro, UNAM, 1965, p. 210-215

No obstante, debe señalarse que no hay referencias posteriores de autoridades particulares de los tarascos y que la capilla en el convento de Santo Domingo fue cedida en 1681 a una archicofradía de españoles para dedicarla a la devoción del santo rosario. Todavía había en la capital a principios del siglo XVIII descendientes de los caciques patzcuarenses que llevaban el apellido Huitzimengari, pero ya no tenían ninguna relación con Michoacán. El tema de la presencia tarasca en la capital virreinal en los siglos XVII y XVIII, sin embargo, amerita averiguaciones adicionales.

Los historiadores que se han asomado a los documentos fechados entre 1658 y 1662 en el archivo histórico municipal de Pátzcuaro no han dejado de notar una situación curiosa: numerosos documentos no aparecen firmados en “Pátzcuaro”, sino en “Carpio de Aro” o “Carpio de Haro Michoacán”. No hay mandamiento, cédula real o decreto que dé razón del cambio de nombre de una ciudad que por entonces contaba con numerosa población y que, al menos nominalmente, seguía siendo la capital de la provincia.

El punto fue advertido en la época y causó cierta preocupación cuando se trató de refundar el ayuntamiento español de Pátzcuaro, en 1689. Los vecinos tuvieron que levantar una información judicial para explicar la diversidad de nombres que había tenido a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, don Diego de Castilleja Guzmán (por cierto, descendiente lejano, por vía femenina, de los antiguos reyes michoacanos), declaró que la ciudad se había llamado Michoacán, Pazquaro, Carpio y Guytzitzil. (Archivo Histórico Municipal de Pátzcuaro, caja 16, exp. 1).

¿De dónde viene este nombre, porqué se estableció y tan prontamente desapareció? El asunto me intrigaba,y por algún tiempo sostuve lo que podríamos llamar una hipótesis indigenista. En efecto, en 1723, en un pleito sobre aguas, el rector del colegio jesuita declaró que el barrio de Santa Marta se llamaba “Pascarro” (”donde guardan lutos”, según él) y el barrio “de abajo” era “Aro carpio Michoacan”. (Archivo General de la Nación, Tierras, 402, 2a. exp. 1) La similitud toponímica es notable. Se podría incluso suponer que el cabildo indígena de Pátzcuaro (que era el único de la ciudad, desde que su contraparte española se había ido a Valladolid, en 1576) había recurrido a un antiguo topónimo tarasco para remarcar el carácter “nativo” de la ciudad.

La realidad, como suele ocurrir, es mucho más prosaica y nos remite a ciertas constantes más bien sórdidas de la naturaleza humana. Desde 1643 el “valido” o favorito (una especie de primer ministro) del rey Felipe IV era Luis de Haro y Guzmán, marqués de Carpio, quien siguió gozando del real favor hasta su muerte, en 1661. El valido no fue particularmente exitoso: aunque logró aplastar una revuelta autonomista catalana, no pudo impedir que Francia se apoderara de varios territorios imperiales ni evitar la consolidación de la secesión portuguesa.

El marqués de Carpio

Aparentemente alguien en Pátzcuaro decidió honrar a este no muy notable ministro dándole su nombre a la ciudad. El principal sospechoso es el alcalde mayor, el almirante Diego de Bracamontes Dávila (1656-60). Don Diego descendía de una distinguida familia nobiliaria, y tenía un perfil que no era el de un modesto funcionario de provincias. Es posible que aspirara a mejores puestos. Pero no me consta, desde luego,

El cambio de nombre de la ciudad de Pátzcuaro no fue uno de los más brillantes ni épicos episodios de su historia. Afortunadamente, este acto de adulación concluyó con la muerte del poderoso valido del rey.

…………………………………..

Imagen: Bonaventura Bassegoda, “Los retratos de don Luis Méndez de Haro”, en Revistes Catanales amb Accés Obert

…………………………………

Para citar este artículo: Felipe Castro, “Cuando Pátzcuaro se llamaba Carpio de Haro”, en Peregrinaciones por el pasado, http://felipecastro.wordpress.com/2008/07/05/cuando-patzcuaro-se-llamaba-carpio-de-haro/ Publicado el 4 de julio de 2008

Ha salido de prensas en la revista Historia Mexicana, de El Colegio de México, mi artículo sobre “San Pedro Atlapulco y la Real Casa de Moneda: las vicisitudes de una empresa comunitaria”. Adjunto abajo el resumen del texto.

Este artículo propone que hay excepciones del mayor interés al lugar común de que los indios novohispanos eran agricultores que producían básicamente para sus propias necesidades y pago de tributos, limitando sus contactos con el mercado. Examina el caso de Atlapulco, un pueblo que desde muy temprano se convirtió en el principal proveedor de carbón vegetal para la Real Casa de Moneda de la ciudad de México. El trabajo reconstruye la constante batalla de Atlapulco en contra de la aparición de competidores indios y españoles que aspiraban a tener su parte en el trato. Considera que el motivo de fondo de esta actitud fue la preservación de un monopolio lucrativo, visto como privilegio especial que les había sido concedido por el rey. Asimismo, comenta las fricciones ocurridas entre el pueblo y los administradores de la Casa de Moneda sobre la determinación contractual del precio del combustible. Finalmente, examina las formas discursivas empleadas por los indios en la defensa de sus intereses, señalando que se adscriben a una concepción que consideraba que los acuerdos mercantiles debían necesariamente tener en cuenta la tradición, los derechos históricos y las obligaciones recíprocas que daban sustento al orden social.

Acaba de salir de prensas el artículo que escribí (en coautoría con Cristina Monzon García, lingüista, investigadora de El Colegio de Michoacán) sobre “”El lenguaje del poder. Conceptos tarascos en torno a la autoridad”. Transcribo parte del texto:

Lo que aquí presentamos es uno de los primeros avances de un propósito más amplio de conjuntar los datos históricos y lingüísticos para la mejor comprensión de la transición de la época prehispánica a la colonial. Nos hemos dedicado específicamente a los conceptos asociados a la idea del poder y la autoridad, porque nos parecen particularmente promisorios. Como se verá, muchas etimologías y construcciones gramaticales inusuales cobran sentido al utilizar los datos históricos, mientras que el análisis lingüístico proporciona sugerencias y posibilidades extremadamente útiles para reconstruir y entender la historia del periodo

Este trabajo se encuentra en el libro de Guilhem Olivier (coordinador), Símbolos de poder en Mesoamérica, México, Instituto de Investigacions Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2008, pp 31-46.

Hace algunos años me ocupé de preparar (por encargo) una antología de documentos sobre historia novohispana, con propósitos didácticos. Una serie de percances administrativos impidió, a fin de cuentas, que fuese publicada.

He decidido incluirla aquí, para provecho y utilidad de quien quiera consultarla o disponer de ella como mejor le parezca. Si es su caso, simplemente haga click en el vínculo que aparece al fin de este mensaje y siga las sencillas instrucciones subsecuentes para descargar el archivo (993 KB) en su computadora.

Cada documento está precidido de una breve nota explicatoria y contiene algunas referencias bibliográficas, para quien desee ahondar en el tema. Como el propósito inicial era publicar un libro que no debía exceder de cierta cantidad de páginas, algunos documentos tuvieron que ser recortados; cuando tenga tiempo trataré de incluir la versión completa.

Imperio de papel - Antolog�a
Imperio de papel -…
Hosted by eSnips

ehn37.jpg Acaba de aparecer en Estudios de Historia Novohispana, vol. 37, y está disponible en línea mi artículo sobre “Luis de Castilleja, un noble indígena “de mano poderosa” entre dos épocas del gobierno indígena”.

Los nobles indios de la época temprana de Nueva España han atraído la reiterada atención de los historiadores. No obstante, el interés disminuye cuando aparecen los descendientes de estos personajes, que perdieron poco a poco sus bienes, prerrogativas y privilegios. Pese a todo, siguieron siendo relevantes en la sociedad y el gobierno y merecen ser estudiados con detenimiento.

En este trabajo se aborda la vida pública de Luis de Castilleja y Puruata, un bisnieto del cazonci o último “señor natural” de Michoacán que dominó la vida política de Pátzcuaro durante las primeras décadas del siglo XVII. Su autoridad nunca fue sin embargo del todo estable, dado que ya no podía apoyarse en las antiguas lealtades de linaje. Dependía más bien de su capacidad de obtener el apoyo y lealtad de los distintos pueblos, barrios y corporaciones que integraban la “república” de indios. No tuvo el título de “cacique”, lo cual es en sí interesante, porque con frecuencia se asume que cacicazgo y autoridad iban juntamente. En este sentido, se ubica, como menciona el título, en la transición hacia otras maneras de obtener y ejercer la autoridad en la sociedad nativa.

Si le interesa este tema, puede también consultar  otro artículo aparecido en Relaciones, vol. 23, no. 89, titulado Alborotos y siniestras relaciones: la república de indios de Pátzcuaro colonial.

tlatolli.jpgLa reciente legislación sobre la utilización y protección de las lenguas indígenas en México tienen para el historiador cierto aire de déjà vu. No es, realmente, una novedad. Retoma, sospecho que sin saberlo, la usualmente denostada y despreciada legislación colonial al respecto.

En efecto, los funcionarios y misioneros españoles encontraron al arribar a lo que sería la Nueva España una diversidad lingüística de la cual las 68 agrupaciones lingüísticas y 384 variantes reconocidas actualmente por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas son sólo una limitada supervivencia contemporánea. Los problemas prácticos fueron apreciados inmediatamente por los religiosos, que se dieron a la tarea de aprender los idiomas nativs y redactar numerosas e inapreciables gramáticas.

Los funcionarios reales fueron más ambiguos frente a esta diversidad lingüística. Aunque en términos generales hubieran preferido que los indígenas hablaran español, en la práctica la legislación al respecto fue vacilante y contradictoria. No sería sino hasta el periodo borbónico que se daría un nuevo impulso al proceso de hispanización, cuando Carlos III en 1770 ordenó que el español fuese la lengua universal de las Indias para que los indios “tomen amor a la nación conquistadora, destierren la idolatría, se civilicen para el trato y comercio.” La real voluntad, a fin de cuentas, tuvo un éxito limitado.

La legislación de los tres siglos coloniales coloniales dio lugar a muchas innovaciones, soluciones transitorias, prácticas e instituciones. Una de las más interesantes fue la creación de la figura y cargo del intérprete. Las sucesivas disposiciones al respecto se hallan en la Recopilación de leyes de los reynos de las Indias, título 27, libro segundo. Las leyes preveían los requisitos para ser nombrados (entre ellos, la necesaria aprobación del cabildo o comunidad indígena), la forma en que debían proceder y los posibles abusos que podían darse en el ejercicio del cargo.

En México, el oficio de intérprete de nahuatl de la Real Audiencia fue desempeñado por algunos personajes notables, como el cronista Hernando de Alvarado Tezozomoc; hubo en esta tribunal asimismo intérpretes de tarasco y es de suponer que de otomí. Con el tiempo, estos cargos fueron ocupados habitualmente por españoles.

En Michoacán se dio una situación peculiar, porque el oficio de “intérprete general” de la provincia fue ocupado de manera hereditaria por miembros de familias nobles indígenas de Pátzcuaro. Estos funcionarios tenían la obligación y el derecho de intervenir en todas las declaraciones judiciales de indios, y al menos en teoría este privilegio se ejercía sobre toda la provincia. El cabildo indígena siempre defendió este monopolio en contra de los funcionarios españoles, que por comodidad o conveniencia preferían nombrar sus propios intérpretes.

El intérprete debía ser propuesto por el cabildo indígena y aprobado por el virrey. La designación era vitalicia y estaba dentro de los oficios considerados “vendibles y renunciables”, de manera que el titular tenía la “propiedad” del cargo y podía incluso cederlo (previa autorización) a un familiar. El cacique don Juan de Sotomayor fue intérprete desde 1676; le siguió su primo, el también cacique don Nicolás de Cáceres Huitziméngari en 1692. La línea hereditaria se interrumpió en 1724, cuando se nombró a don Pedro de la Cruz Nambo, a quien sucedió su hijo Nicolás hacia 1743. Se trataba de personajes distinguidos, porque don Juan fue gobernador de Pátzcuaro en 1682; don Nicolás tuvo este honor en 1678, 1681, 1682 y 1696; don Pedro cumplió su obligación en 1712, 1716 y 1719 y su hijo don Nicolás en 1752 y 1753.

El precedente es de interés en sí mismo, pero también porque bien puede tener ecos contemporáneos. En efecto, la ley 1 artículo 9 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que “Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.” Si esto pasa de la declaración abstracta de principios a medidas concretas, será necesario que los juzgados establecidos en zonas de población indígena (nativa del lugar o migrante) cuenten con intérpretes jurados. Existe una atendible experiencia histórica al respecto, que debería ser considerada por los legisladores.

Referencias

Felipe Castro Gutiérrez, Los tarascos y el imperio español, 1600-1740, México, UNAM - UMSNH, 2004.

Barbara Cifuentes, Letras sobre voces multilinguismo a traves de la historia, México, CIESAS- INI, 1998.

Eréndira Nansen, “La importancia de los documentos coloniales en lengua purhépecha y de los intérpretes jurados”, en Lengua y etnohistoria tarasca. Homenaje a Benedict Warren, Morelia, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo CIESAS, 1997.

Respecto al funcionamiento cotidiano de la Real Audiencia y de los oficios vendibles y renunciables, véase el reciente libro de Víctor Gayol, Laberintos de justicia. Procuradores, escribanos y oficiales de la Real Audiencia de México (1750-1812)

Sobre los orígenes y evolución moderna de la figura del intérprete jurado en España, consúltese la página de la Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Cataluña.

tlatolli.jpg

(En razón de varias observaciones, aclaro que este artículo es un comentario sobre el reciente documento del INALI sobre lenguas indígenas. Quien desee consultar el documento en sí y el listado de lenguas indìgenas, debe hacer click aquí)

…………..

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación su Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas.

La principal novedad conceptual de este documento consiste en su crítica de lo que entendemos por “lenguas indígenas”. Vale la pena citar el párrafo textualmente.

Considerando las investigaciones realizadas hasta el presente, así como las consultas y los propios estudios realizados por el INALI para la elaboración del Catálogo, la realidad lingüística del país es mucho más compleja de lo que en términos generales se ha creído hasta ahora. Además, ha resultado impreciso, al parecer desde siempre, el uso que se le ha dado al concepto lengua en torno a la diversidad lingüística mexicana; por ejemplo, a partir de la época virreinal, o quizá desde antes, se difunde la creencia de que los pueblos indígenas hablan “una sola lengua” -altamente uniforme en todos sus componentes-, sin advertir, las más de las veces, la existencia de distintas clases de variantes lingüísticas, explicables bien sea por razones geográficas, genealógicas o sociales, como ocurre en todo el mundo.

El documento separa “familias lingüísticas” (es decir, todas las lenguas emparentadas entre sí, presumiblemente por un lejano origen común), “agrupación lingüística (lo que comúnmente llamamos “lengua”, como el zapoteco o el nahua) y “variante lingüística”. Estas “variantes” son las que anteriormente acostumbrábamos llamar “dialectos”, un término que ahora ha desaparecido no sé si por razones técnicas o porque era frecuente llamar despectivamente así a las lenguas indígenas. Las “variantes” son la mayor y más polémica innovación censal, porque para definirlas se han tomado dos criterios distintos. Por un lado se han considerado las diferencias estructurales y léxicas (o sea, criterios “objetivos” provenientes de la lingüística, objeto de no pocas discusiones) y por otro la autoadscripción sociolingüística, esto es el hecho de que los hablantes se consideran a sí mismos diferentes de quienes hablan otras variantes de la “agrupación lingüística”. Para dar un ejemplo, el tsotsil tiene siete variantes, mientras el tarasco no tiene subdivisiones.

Otro punto que atraerá posiblemente la atención es que se utilizan los términos usuales del español para designar las lenguas indígenas, como por ejemplo con el “tarahumara”, aunque en las variantes se registran el nombre que utilizan los propios hablantes, como en este caso “Rarómari raicha”. La excepción son las lenguas habladas mayoritariamente fuera del país, donde se utiliza la convención usual en sus respectivos países (lo cual provoca la aparición de unos “kickapoo”, para este grupo, ubicado mayoritariamente en Estados Unidos).

Como resultado, según el INALI hay en México 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y nada menos que 364 variantes lingüísticas.La posición “oficial” anterior, como puede verse en la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, era que en México existían 62 lenguas, con un número indefinido de variantes, mientras que para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en cambio, eran 80.

Todo esto podría ser dejado de lado como un ejercicio puramente académico o estadístico, pero ocurre que el INALI sostiene que ” las variantes lingüísticas deben ser tratadas como lenguas, al menos en las áreas educativas, de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como en los asuntos o trámites de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública.” Como el documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación algunos medios la han llamado una ley, lo cual probablemente no sea exacto; pero es muy posible que constituya una norma oficial de aplicación obligatoria. Imagino, por ejemplo, que cada tribunal en principio estará en obligación de contar con un traductor para cada una de esas 364 variantes lingüísticas, dado que la Ley l artículo 9 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que “Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.”

Asimismo, habrá otras derivaciones que van más allá de asuntos estrictamente lingüísticos. Efectivamente, en el uso común, en la actividad de organismos gubernamentales (como la CNDPI) e incluso en las publicaciones académicas era habitual asociar etnicidad y lengua, aún en aquellos casos en donde las variantes dificultaban grandemente la comprensión mutua de los hablantes o no existía ninguna forma de comunicación o asociación comunes. Si nos atenemos a las definiciones planteadas por el INALI, estos usos convencionales no pueden sostenerse. Habrá que estar atento a las implicaciones y consecuencias del tema.

tzintzun-review.jpgLa revista Tzintzun del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicoás Hidalgo ya se encuentra disponible en línea. Esta revista tuvo una muy notable renovación en el tiempo en que fue editor José Napoleón Guzmán Dávila, pasando a adoptar el formato, los requerimientos y el nivel de una publicación de nivel internacional. Actualmente, bajo la edición de Miguel Angel Urrego, tiene secciones dedicadas a artículos, archivos y documentos, debates, entrevistas y reseñas. Los contenidos, como podría esperarse, dan relevancia a tema michoacanos, pero también incluyen trabajos sobre otras regiones y, lo cual es menos usual, sobre América Latina.

La presentación actual en línea está en formato PDF y permite “descargar” los archivos a la computadora del usuario. La principal limitación es que no hay un índice general o un sistema de búsqueda de autores, títulos y contenidos, con el correspondiente “link” a cada archivo, como el que ofrece, por ejemplo, Historia Mexicana. Es de esperarse que esta excelente iniciativa incluya prontamente este útil recurso adicional. Por lo pronto, no estaría mal contar con un índice sencillo, al viejo estilo.

Incluyo seguidamente el contenido del último número disponible por este medio

Tzintzun 45, Enero-Junio de 2007

Artículos

Desastre en Guanajuato: la inundación del 5 de julio de 1760
María del Carmen Carreón Nieto

Ayuntamientos michoacanos: separación y sujeción de pueblos indios, 1820-1827
Juan Carlos Cortés Máximo

El Estado mexicano frente a los levantamientos armados en Guerrero. El caso del Plan Telaraña
Verónica Oikión Solano

México-Argentina. Itinerario de una relación 1910-1930
Pablo Yankelevich

La paz en Centroamérica y los intereses de Estados Unidos en el ámbite regional: la Conferencia de Washington de 1923
Mónica Toussaint Ribot

Cuba and the armed conflicts (1956-1989): local actor or caught between bipolar and colonial patterns of politics
Thomas Neuner

Debates
Fiesta tradicional religiosa y realismo mágico: un diálogo con Gabriela Díaz y Jorge Amós Martínez
Andrew Roth Seneff

Reseñas
Sobre J.Cremades Ugarte, F.J. Dossil Mancilla y X.A. Fraga Vázquez (editores), Humboldt y la ciencia española
J. Quetzal Argueta Prado

Sobre Grabriel Agraz García de Alba, Mariano Matamoros Guridi, héroe nacional
Moisés Guzmán Pérez

Sobre Soucy Dominique, masonería y nación: redes masónicas y políticas en la construcción identitaria cubana (1811-1902)
Pere Sánchez Ferré

Sobre Orlando Aragón Andrade, Indigenismo, movimientos y derechos indígenas en México. La reforma del artículo cuarto constitucional de 1992
Dení Trejo Barajas

Sobre María del Rosario Rodríguez Díaz, Elihu Root y la política estadounidense en América Latina y el Caribe, 1899.1908
Yoel Cordoví Núñez

La película “Eréndira Ikikunari” (la Indomable), de Juan Mora Catlett, ha sido presentada como inspirada en la memoria oral indígena. Sin embargo, todo indica que más bien se trata de una ficción literaria introducida por el historiador liberal Eduardo Ruiz, en su muy conocido libro Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Leyendas. Esta narración muy propia del nacionalismo romántico del siglo XIX se hizo muy popular y acabó separándose de su origen culterano para convertirse en una especie de tradición popular. Así aparece, por ejemplo, en el mural de Juan O´Gorman, pintado en el antiguo templo de San Agustín, hoy biblioteca pública Gertrudis Bocanegra, de Pátzcuaro.

La película fue filmada en Michoacán, con diálogos en purepecha arcaico, siendo la mayor parte de los actores indígenas michoacanos. Para más datos, véase la página oficial de esta producción. El “trailer” o “corto” aparece también en youtube.

Un interesante estudio de Ana Cristina Barreto sobre la figura de Eréndira puede consultarse en linea

Next Page »