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(En razón de varias observaciones, aclaro que este artículo es un comentario sobre el reciente documento del INALI sobre lenguas indígenas. Quien desee consultar el documento en sí y el listado de lenguas indìgenas, debe hacer click AQUI. He incluido algunas referencias generales sobre lenguas indígenas en esta otra nota).

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El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación su Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: Variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas.

La principal novedad conceptual de este documento consiste en su crítica de lo que entendemos por “lenguas indígenas”. Vale la pena citar el párrafo textualmente.

Considerando las investigaciones realizadas hasta el presente, así como las consultas y los propios estudios realizados por el INALI para la elaboración del Catálogo, la realidad lingüística del país es mucho más compleja de lo que en términos generales se ha creído hasta ahora. Además, ha resultado impreciso, al parecer desde siempre, el uso que se le ha dado al concepto lengua en torno a la diversidad lingüística mexicana; por ejemplo, a partir de la época virreinal, o quizá desde antes, se difunde la creencia de que los pueblos indígenas hablan “una sola lengua” -altamente uniforme en todos sus componentes-, sin advertir, las más de las veces, la existencia de distintas clases de variantes lingüísticas, explicables bien sea por razones geográficas, genealógicas o sociales, como ocurre en todo el mundo.

El documento separa “familias lingüísticas” (es decir, todas las lenguas emparentadas entre sí, presumiblemente por un lejano origen común), “agrupación lingüística (lo que comúnmente llamamos “lengua”, como el zapoteco o el nahua) y “variante lingüística”. Estas “variantes” son las que anteriormente acostumbrábamos llamar “dialectos”, un término que ahora ha desaparecido no sé si por razones técnicas o porque era frecuente llamar despectivamente así a las lenguas indígenas. Las “variantes” son la mayor y más polémica innovación censal, porque para definirlas se han tomado dos criterios distintos. Por un lado se han considerado las diferencias estructurales y léxicas (o sea, criterios “objetivos” provenientes de la lingüística, objeto de no pocas discusiones) y por otro la autoadscripción sociolingüística, esto es el hecho de que los hablantes se consideran a sí mismos diferentes de quienes hablan otras variantes de la “agrupación lingüística”. Para dar un ejemplo, el tsotsil tiene siete variantes, mientras el tarasco no tiene subdivisiones.

Otro punto que atraerá posiblemente la atención es que se utilizan los términos usuales del español para designar las lenguas indígenas, como por ejemplo con el “tarahumara”, aunque en las variantes se registran el nombre que utilizan los propios hablantes, como en este caso “Rarómari raicha”. La excepción son las lenguas habladas mayoritariamente fuera del país, donde se utiliza la convención usual en sus respectivos países (lo cual provoca la aparición de unos “kickapoo”, para este grupo, ubicado principalmente en Estados Unidos).

Como resultado, según el INALI hay en México 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y nada menos que 364 variantes lingüísticas.La posición “oficial” anterior, como puede verse en la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, era que en México existían 62 lenguas, con un número indefinido de variantes, mientras que para el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en cambio, eran 80.

Todo esto podría ser dejado de lado como un ejercicio puramente académico o estadístico, pero ocurre que el INALI sostiene que ” las variantes lingüísticas deben ser tratadas como lenguas, al menos en las áreas educativas, de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como en los asuntos o trámites de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública.” Como el documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación algunos medios la han llamado una ley, lo cual probablemente no sea exacto; pero es muy posible que constituya una norma oficial de aplicación obligatoria. Imagino, por ejemplo, que cada tribunal en principio estará en obligación de contar con un traductor para cada una de esas 364 variantes lingüísticas, dado que la Ley l artículo 9 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que “Es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras.”

Asimismo, habrá otras derivaciones que van más allá de asuntos estrictamente lingüísticos. Efectivamente, en el uso común, en la actividad de organismos gubernamentales (como la CNDPI) e incluso en las publicaciones académicas era habitual asociar etnicidad y lengua, aún en aquellos casos en donde las variantes dificultaban grandemente la comprensión mutua de los hablantes o no existía ninguna forma de comunicación o asociación comunes. Si nos atenemos a las definiciones planteadas por el INALI, estos usos convencionales no pueden sostenerse. Habrá que estar atento a las implicaciones y consecuencias del tema.