Lo bueno (o lo malo, según se vea) de ser un historiador es que a cada
rato se halla que las que se presentan como nuevas ideas y propuestas legislativas son en realidad la más reciente versión de antiguas disposiciones. Pasa con los derechos de los pueblos indígenas, la aceptación de los ” usos y costumbres” y ahora con las medidas para evitar la corrupción de los funcionarios públicos, que (ciertamente con buenas razones) han proliferado en muchos países latinoamericanos.
Los intentos de solución tienen, de hecho, largos e ignorados precedentes coloniales, relacionados con los oficiales del rey y en particular con los oidores o miembros de la Real Audiencia, el mayor y más importante tribunal. La administración de justicia siempre fue considerada como uno de las facultades esenciales del buen gobierno.
Para evitar toda colusión o influencia indebida, los oidores no solamente debían ser ajenos al reino en que eran jueces, sino que a lo largo del siglo XVI fueron aprobándose medidas que ordenaban su casi total aislamiento de la sociedad, como aparece profusa y detalladamente en la Recopilación de las leyes de los reynos de Indias. Por estas normas (que eran incluso más restrictivas que las vigentes en la metrópoli), los oidores no podrían en el ámbito de su jurisdicción:
- Tener encomiendas, adquirir propiedades, ni tener parte en “tratos y contratos”
Recopilación…ley xxxxvii, título III, libro II
comerciales o mineros, tanto ellos como sus esposas, hijos o allegados, fuese por sí o por terceras personas.
- Contraer matrimonio en su jurisdicción, ellos o sus hijos, salvo autorización previa. Los hijos por regla general tampoco debían acompañar a sus padres.
- Realizar visitas sociales, apadrinar bautizos o matrimonios, asistir a entierros, así como participar en reuniones o entretenimientos públicos, a no ser que acudieran con los demás oidores y en razón de su cargo.
- Recibir en su casa a abogados o escribanos, y menos aún tener acuerdos con ellos.
- Aceptar regalos, tomar o dar dinero en préstamo, llevar derechos u honorarios por cualquiera de sus actuaciones; su único ingreso debía ser el salario.
- Participar en causas como litigantes, salvo autorización previa.
- Finalmente, debían declarar sus bienes, y presentar una fianza antes de ocupar sus cargos, por cualquier demanda legal que pudiera presentarse.
Recopilación….ley xxx, título III, libro II
Todo esto se mandaba bajo severas penas, que implicaban al menos la destitución en caso de contravención y frecuentemente pesadas multas. Asimismo, cada tanto y de manera aleatoria había “visitadores” o inspectores que podían recibir quejas sobre los oidores, abrirles causas y destituirlos. También debían rendir un juicio “de residencia” al final de su mandato ante un juez especialmente designado para ese fin, y durante el cual cualquier persona podía quejarse en su contra.
Para compensar estas restricciones, los oidores obtenían autoridad, honras y competentes salarios. Eran, sin duda, importantes personalidades, que recibían (en general) el respeto de los súbditos.
¿Hasta dónde estas disposiciones tuvieron efecto y consiguieron una administración de justicia imparcial y libre de compromisos? La respuesta es que sólo hasta cierto grado.
Por un lado, tan amplias prohibiciones eran inaplicables en la práctica. Tomadas literalmente, hubieran supuesto una especie de enclaustramiento casi monástico de los jueces, como en su momento comentó Lohman Villena para el caso peruano. Los oidores habrían tenido que permanecer célibes o buscar cónyuges fuera de su jurisdicción (lo cual llegaba a ocurrir, mediante apoderados), no habrían podido comprar o rentar casa para vivienda, adquirir bienes para su consumo o conveniencia, estar presentes en la formación y educación de sus hijos; y habrían debido permanecer sin vida ni trato social.
En los hechos esto no fue así. Estas normas se mantuvieron con algún rigor bajo los Austrias mayores, pero en el siglo XVII la Corona relajó la vigilancia sobre sus representantes indianos. Los oidores solían pedir permisos y exenciones, sobre todo para contraer matrimonio, y se concedían “por excepción”, dejando teóricamente en vigor la norma general. Permanecían largos años en la misma jurisdicción, lo cual inevitablemente les traía compromisos derivados de las amistades (y de algunas enemistades). Era asimismo muy difícil evitar que hicieran transacciones y negocios mediante terceros, recibieran favores y regalos, o que tuvieran directa o indirectamente relaciones personales con los abogados o partes litigantes, con los que inevitablemente se encontraban en la vida diaria. La extrema severidad de las leyes derivaba en su inaplicabilidad práctica, lo cual a su vez provocaba que hubiera un amplio espacio de conductas y situaciones sobre las que no existía regulación alguna, porque se suponía que no debían existir.
El resultado de todas estas medidas y ambigüedades sobre la administración de justicia no es fácil de evaluar. En términos generales, no hay duda de que el alto tribunal era burocrático, el procedimiento judicial tortuoso y los litigios a veces tardaban años en sentenciarse. En algunos casos, “disimulaban” francos abusos, como el repartimiento de mercancías que realizaban los alcaldes mayores; pero, por otro lado, no era raro que sentenciaban en favor de los pueblos de indios en sus litigios contra poderosos hacendados. Pero es muy notorio que en la época, personas, grupos y corporaciones acudían ante este tribunal con una razonable expectativa de obtener justicia, lo cual contribuía a evitar trastornos y violencias. Fue, sin duda, una de las razones que explican la remarcable estabilidad del régimen indiano durante casi tres siglos.
A estas alturas, el lector probablemente esté esperando alguna especie de moraleja aplicable a nuestros días. En realidad, aunque la historia explica el presente, no creo que proporcione guías o directivas para la acción inmediata. A veces parece que la sociedad se mueve en forma circular, y que no hay nada nuevo bajo el sol, pero no es exactamente así. El contexto político y cultural de nuestros días no es el mismo, evidentemente. A lo sumo, podría decir que ninguna legislación modifica mágicamente la realidad, que las leyes severísimas acaban por no ser cumplidas, y que una buena normativa no debería buscar algo tan imposible como evitar todo trato o afinidad entre gobernantes y gobernados, sino procurar su vigilancia y reglamentación para que un conflicto de interés no afecte la independencia de criterio del juzgador o del gobernante.
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Si le interesa la historia del tema, puede consultar
Mark A. Burkholder y Chandler, D S., De la impotencia a la autoridad: la Corona española y las audiencias en América, 1687-1808, México, Fondo de Cultura Económica, 1984.
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os historiadores (y las historiadoras, claro) solemos ser románticos en mayor o menor grado. No se trata de que hagamos promesas de amor eterno, atesoremos el retrato de nuestros amores y les llevemos flores cada San Valentín. No dudo que así ocurra, pero lo que aquí me interesa es el romanticismo en el sentido particular de la historia de cultura en general, esto es, una actitud que se define por la búsqueda de lo extraño y exótico, la apología de la imaginación y la subjetividad, la idealización del objeto y la construcción de una narrativa orientada hacia las emociones. Tiene sus aspectos literarios y artísticos, evidentemente, que en México nos han dado desde los encantadores paisajes de 
