Entre los muchos “privilegios” dados por la Corona a los  indios estuvo el de que no pudieran vivir en sus pueblos los españoles, mestizos o negros. Sin embargo, con cierta frecuencia puede encontrarse a algunos españoles “avecindados” en estas poblaciones. Lo hacían por motivos muy diversos: algunos, porque no habían logrado en la sociedad española un lugar del tamaño de sus ambiciones, otros porque tenían intereses mercantiles o agrícolas en o cerca de los pueblos, y desde luego estaban los que se encontraban más a gusto con los indios que entre los suyos.


Un caso muy interesante de una familia española que decidió vivir en un pueblo de indios es el de los Díaz Barriga, de Tzintzuntzan. El primero que consta es Álvaro Díaz Barriga, quien hacia 1630 adquirió la mediana hacienda de El Molino. En 1694 su descendiente, Juan Díaz Barriga, compró la hacienda de San Antonio Tacupan. También arrendaba a los jesuitas la vecina hacienda de La Tareta y adquirió un solar en Tzintzuntzan, donde construyó una casa con una tienda adjunta. Después hizo un préstamo a los oficiales de república, que se cobró ocupando durante 11 años las tierras del hospital de los naturales. Posteriormente aparece haciendo varias transacciones con principales indígenas y declarando a favor de Tzintzuntzan en un pleito de tierras. Se ve que tenía buenas relaciones con los indios, lo cual lleva a pensar que el siguiente personaje de su mismo nombre no era él, sino acaso algún otro familiar.


En efecto, en 1717 un Juan Díaz Barriga era teniente de alcalde (esto es, un representante local del alcalde mayor español) y se le acusó de aprehender arbitrariamente al gobernador y al cacique de Tzintzuntzan. Al año siguiente impuso a un gobernador a su gusto, y los indios se quejaron ante el virrey de que les obligaba a trabajar en sus propiedades, pretendía apropiarse de las tierras de comunidad y realizar “repartimientos” o venta forzosa de mercancías entre los indios. El asunto llegó a tal grado que los indígenas tomaron por asalto la cárcel, armados con piedras, palos y barras de hierro. Las autoridades virreinales, en general muy celosas del orden público y del principio de autoridad, justificaron implícitamente el tumulto y mandaron liberar a los presos. Poco después, Díaz Barriga fue depuesto de su cargo.


En contraste, uno de sus descendientes, Francisco Barriga fue en 1807 el apoderado o representante legal (y según algunos, el instigador) de los indios en un pleito contra el ayuntamiento de Pátzcuaro, que derivó en escándalos y hechos violentos. El alcalde ordinario de la capital lacustre mandó aprehenderlo, pero se dejó la ejecución de la orden en suspenso, porque “indispensablemente se suscitara el tumulto que han anunciado”, y debido a que los indios de Tzintzuntzan eran “fáciles a cualquier sublevación”. No es por demás mencionar que en estos años la familia Díaz Barriga tenía también una rama indígena entre los suyos.

Como puede apreciarse, con el tiempo la familia Díaz Barriga acabó por ser parte de la vida social de Tzintzuntzan; ya no eran extraños en el lugar. Sus relaciones con los indios no pueden reducirse a una fórmula simple; en algunos casos eran amistosas, en otras no. Pero en todos los ejemplos, puede apreciarse que, seguramente sin proponérselo, cumplieron un papel importante: la de intermediarios entre la economía novohispana y la agricultura local, entre las autoridades virreinales y las comunitarias, entre el mundo español y el indígena,

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Este artículo se deriva de algunos de mis trabajos previos sobre etnohistoria de Michoacán, particularmente los de Tzintzuntzan: la autonomía indígena y el orden político en Nueva España”, en Carlos Paredes y Martha Terán (coord.), Autoridad y gobierno indígena en Michoacán, México, El Colegio de Michoacán – CIESAS – UMSNH, 2000, e “Indeseables e indispensables: los vecinos españoles, mestizos y mulatos en los pueblos de indios de Michoacán”, en Estudios de Historia Novohispana, no.25, 2001.