La reciente discusión en México sobre la propuesta de Ley General de Archivos ha tenido muchos lados interesantes (y algunos más bien inquietantes), que ameritan una discusión. Uno de ellos es el concepto mismo de lo que son las fuentes documentales que merecen preservarse en un repositorio público por su importancia para el conocimiento del pasado.

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Tradicionalmente, la historia “importante” era la política, militar, diplomática y eclesiástica. Por consiguiente. las fuentes eran reales cédulas, decretos, informes presidenciales, partes de batalla, tratados, constituciones, estadísticas gubernamentales y, a lo sumo, la correspondencia particular de las grandes personalidades. Eran lo que se consideraba (y todavía se considera, al parecer) “documentos relevantes”.

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Sin embargo, esto no es del todo correcto. A mediados del pasado siglo llegó una gran renovación historiográfica, con un interés por lo que que Eric Wolf llamó “gente sin historia”. Esto es, por personas que por lo común pasaban por la vida sin hacer nada más notable que sobrevivir como buenamente podían, y por lo mismo no dejaban mayor huella documental; el historiador solamente puede acercarse a ellos por medios indirectos. A ello se debió el súbito interés por padrones de bautizos, listas de precios y salarios, registros penales, actas notariales, juicios de divorcio y toda la pléyade de minucias burocráticas (muchas de ellas de carácter “privado”) que solamente cobran sentido cuando se ven en conjunto. Es muy ilustrativo al respecto el libro de William B. Taylor, Embriaguez, homicidio y rebelión en las poblaciones coloniales mexicanas, porque se ocupó de documentos que a primera vista parecen puramente anecdóticos (los informes sobre consumo desmedido de pulque, las riñas en mercados, tumultos menores sin mayor trascendencia) para ver “a través” de ellos y encontrar ciertos patrones que muestran creencias, actitudes y prejuicios de los habitantes del mundo rural.

Algunos desarrollos posteriores, como la historia “de género” (porque las mujeres no pueden comprenderse simplemente como hijas o esposas) nos llevaron a examinar con otros ojos documentos que nos habían pasado desapercibidos, como las memorias de monjas, programas de colegios de niñas, cartas y fotografías. Recientemente, la filología histórica, que busca la evolución de las formas lingüísticas (pongamos por caso el sincretismo entre nahuatl y español) y la aparición de la “minería de datos”, que busca mediante procedimientos cibernéticos ciertos patrones lingüísticos en documentos históricos digitalizados (por ejemplo, desde cuándo comienza a hablarse de “lépero” o aparece el término “neoliberal”) , nos han mostrado que pueden hallarse datos valiosos incluso en textos que parecen rutinarios e intrascendentes.La manera de hacer historia cambia continuamente, y con ella evoluciona el interés por distintas fuentes. En realidad, no sabemos qué documentos públicos resultarán “relevantes” para los historiadores dentro de una generación, y no digamos dentro de un siglo. Y un archivo, claro, aspira o debería aspirar al “largo tiempo” y no solamente a los requerimientos de corto plazo.

¿Significa esto que todo debe preservarse? Estaría tentado a decir que sí, pero evidentemente no es posible del punto de vista práctico. Lo que en lo inmediato resulta indispensable es que haya historiadores que asesoren y propongan criterios a los indispensables archivistas y a los organismos públicos que proceden a la depuración y baja administrativa de sus documentos, antes de remitir los que son pertinentes a un archivo histórico. De lo contrario, corremos el riesgo de que buena parte de la historia de las últimas décadas, sin mencionar nuestros conflictivos y complejos tiempos actuales, acabe como papel reciclado.

Como hace algún tiempo escribí en una nota, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) podía

El antiguo manicomio de La Castañeda (Fuente: Wikimedia)

El antiguo manicomio de La Castañeda, ya demolido. (Fuente: Wikimedia)

convertirse en un recurso de interés para los historiadores. El de la relación entre derecho a la privacidad y acceso público a la información de interés histórico es un tema complejo, cuya evolución habría que ir viendo en la práctica, a partir de las peticiones presentadas y las respuestas del pleno u órgano resolutivo de la institución.

Una nueva e interesante fase se abre ahora a partir de la solicitud de Andrés Ríos Molina, del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para consultar los datos de los pacientes del manicomio general  “La Castañeda”, desde su inauguración en 1910 hasta su clausura en 1968.  La Secretaría de Salud había respondido inicialmente  que de conformidad con el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, el interesado podía consultar sin restricción alguna los expedientes anteriores a 1942, pero que la revisión de los documentos que tuviesen menos de 70 años solamente podía ser autorizada por el IFAI, dado que contenían datos sensibles sobre la salud mental de las personas.  El investigador presentó efectivamente un recurso de revisión, especificando que la información recabada sería solamente para fines estrictamente estadísticos, y con el fin de llevar a cabo un proyecto sobre  “Análisis cuantitativo de la población psiquiátrica del Manicomio General La Castañeda, 1910-1968″, aprobado y financiado por la UNAM. El IFAI aprobó la solicitud, bajo la condición de que debía quedar por escrito la obligación del consultante de no divulgar ninguna  información personal confidencial.

La resolución parece equilibrada, representa una precisión necesaria en las disposiciones previstas en la ley, y sienta un precedente atendible. Es posible que el mismo criterio sea aplicable a otras investigaciones  que toquen cuestiones contemporáneas de distinta índole, y no solamente en el terreno de la medicina.

P or ahí del año de 1988 acudí al edificio neoclásico de la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, buscando información para mi tesis doctoral.  Me interesaba en particular un volumen  (manuscrito no. 12930) citado en el Catálogo de manuscritos de América, de Julián Paz,  que al parecer contenía varios textos poéticos que lamentaban la expulsión de los jesuitas. Así era, y uno de ellos   llamó poderosamente mi atención. Se titulaba Oportuno encuentro del valiente manchego don Quijote con su escudero Sancho Panza en las riberas de México. El anónimo autor criticaba las reformas en la recaudación de impuestos, la creación de milicias, el arribo de tropas europeas, la corrupción de los funcionarios, la expulsión de los discípulos de San Ignacio, y en general todas las innovaciones introducidas por los ministros de Carlos III, a quienes se tachaba de ser ajenos a las  “buenas tradiciones” españolas. Incluso, mencionando un tema que después aparecería con fuerza en la revolución de independencia, se aseveraba que los criollos eran “más y mejores” españoles que los habitantes de una metrópoli donde

Ya no valen los Quijotes
en España, que es toda una mudanza,
la espada no se usa, ni la lanza

Se burlaba también el autor del poderoso visitador  José de Gálvez

¿Cómo? si en la otra vida se han sabido
y la jurisdicción de este grande hombre,
hasta el cielo ha llegado, y aun su nombre
se sabe en el infierno y purgatorio

Como es típico con muchos de los “libelos” de la época, se supone al rey mal informado de tanto desaguisado, de manera que las críticas nunca iban directamente en contra de su persona. No consta cómo llegó el escrito a manos de las autoridades; y hasta donde llegan mis conocimientos, no circuló en la Nueva España, o si lo hizo, fue tan ocultamente que no dejó huella alguna.

Se veía como algo que podría publicarse de manera independiente, de manera que acudí a solicitar el permiso correspondiente a una oficina en uno de tantos subsuelos laberínticos de la venerable institución. El asunto tuvo su lado curioso: el empleado que recibió mi solicitud con indiferencia burocrática casi salta en su asiento al ver el título. Evidentemente, por un instante pensó que un joven e  ignoto académico mexicano había encontrado algo así como el santo grial de los cervantistas: un fragmento inédito y desconocido de Don Quijote de la Mancha. Tuve que explicarle, para su tranquilidad, que se trataba de una paráfrasis hecha, según todo parecía indicar, hacia 1771.

Partes del texto me sirvieron de manera muy adecuada para ilustrar el descontento popular contra las reformas borbónicas en  la tesis, y luego en el libro a que dio lugar. Posteriormente, publiqué el contenido completo, con algunas notas y comentarios, en Estudios de Historia Novohispana, no. 14.

Sobre el autor, que sólo se identificaba solamente como “Un apasionado del asunto” aventuré que seguramente era un criollo agraviado por las reformas, un conocedor de los clásicos españoles, un letrado para quien el uso de la pluma era cosa frecuente, y probablemente un eclesiástico, por el amplio espacio dado a los prelados (con críticas a Fabián y Fuero, de Puebla, y al arzobispo Lorenzana). Como se verá, estuve cerca…pero no demasiado.

En eso dejé el asunto porque mis pasos se fueron por otros rumbos e intereses, pero siempre me quedó cierta insatisfacción por no haber logrado presentar al menos una hipótesis razonada sobre el autor. Mi único progreso fue encontrar, gracias a los empeños digitalizadores de la Biblioteca Virtual Cervantes,  que a fin de cuentas no había sido yo el primero en publicar el manuscrito. Ya lo había hecho en el año de 1950 el filólogo español Joaquín de Entrambasaguas (junto con el resto de las poesías contenidas en el volumen de la BN) ,en una edición titulada Algunos datos sobre la expulsión de los jesuitas de Méjico en el siglo XVIII, de sólo 25 ejemplares numerados que no fueron puestos a la venta al público. (Este tipo de ediciones “reservadas”, sólo para  amigos y lectores “escogidos” , fue una curiosa moda elitista de aquellos años, en la que a veces aun incurren algunos intelectuales contemporáneos). Entrambasaguas incluyó varios comentarios muy pertinentes sobre estos textos, pero tampoco pudo aclarar el problema de la autoría del “Oportuno encuentro…”

Ahora bien, hace algunos días me puse a buscar, en una investigación de muy distinto tópico (para que se vea como todo acaba relacionándose con todo), datos sobre Ignacio Carrillo y Pérez, autor de algunas obras de tema piadoso  y   fui descubriendo en la monumental  Impresos novohispanos, 1808-1821 (de Amaya Garritz, con coordinación de Virginia Guedea) que se le atribuye un Nuevo encuentro del valiente manchego Don Quixote con su escudero Sancho en las riberas de México. Diálogo entre amo y criado, para instrucción de la presente obra revolucionaria, en que igualmente se ridiculiza el execrable proyecto del cura Hidalgo y sus socios (Zúñiga y Ontiveros, 1811). Al parecer (porque no he podido consultar con el original, que por alguna razón acabó en el British Museum)  tiene 6 páginas en verso, con una nota de “continuará”.

Carrillo y Pérez fue autor también de Pensil Americano florido en el rigor del invierno, la imagen de María Santísima de Guadalupe, aparecida en la Corte de la Septentrional América México (Zúñiga y Ontiveros, 1797, con reediciones en 1845 y 1895) y de Lo máximo en lo mínimo. La portentosa imagen de Nuestra Señora de los Remedios, conquistadora y patrona de la imperial ciudad de México (Zúñiga y Ontiveros, 1808). Además dejó dos obras inéditas, Nuestra Señora de los AngelesCristo Renovado.  Carlos María de Bustamante, en las notas a su edición de la Descripción histórica y cronológica de las dos piedras…de León y Gama atribuye a Carrillo otra obra titulada La historia de México en tres épocas, a saber: México gentil, Mexico cristiano y México político. Comenta que “He hecho no poca diligencias por conseguir este manuscrito, pero inútilmente; contiene cosas curiosas e importantes, y a mi juicio solo necesita una mano sabia que la redacte y mejore su estilo cansado y empalagoso”. (2a. ed., 1832,  p.4)

De la vida de este autor sólo me consta que fue hijo de  don Agustín Carrillo y doña Ignacia Pérez, y que (según las Efemérides guadalupanas) recibió la confirmación en 1752 . Fue  marcador de barras y talegas, así como merino  o alguacil  de la Real  Casa de Moneda (que es por donde di con él). Rocío  Benítez Luna, en una meritoria tesina (Ignacio Carrillo y Pérez  y su “Pensil americano florido en el rigor del invierno, imagen de Maria Santisima de Guadalupe”, UNAM, 2007) propone que nació en 1745 o 1746,  menciona que fue alumno de los jesuitas en Guanajuato y siempre tuvo afinidad por lo eclesiástico, aunque nunca siguió esa carrera; y agrega que falleció en 1815.

Que ambos Oportunos encuentros meta cervantinos sean de este autor  es cosa muy probable, pero no segura. Por la afirmativa pesa que sean versificados y la reiteración del título en el impreso de 1811.  No contradice esta hipótesis el contenido aparentemente opuesto de los escritos, uno muy crítico y otro conservador.  Nótese que la primera versión va en contra de algunos altos funcionarios, pero de ninguna manera se incurre en falta de respeto a la persona del rey. También, desde luego, las personas cambian con el  tiempo, y es probable que los ímpetus radicales de  Carrillo y Pérez no fuesen los mismos en sus años mozos que cuatro décadas después.

Una resolución definitiva de este pequeño enigma bibliográfico tendrá que esperar a la aparición de alguna copia del impreso de 1811 (o alguna por ahora improbable visita a Londres), para comparar temas, retóricas y estilos literarios. Les tendré al tanto.

Una nota periodística ha anunciado la apertura del Museo Casa de la Moneda de México a fines del presente año. De hecho, allí ha estado desde 1992 el Museo Numismático Nacional, pero hasta el presente sus puertas permanecían cerradas, y la visita requería de la concertación de una cita previa (que, por otro lado, puede obtenerse fácilmente).

El edificio fue inicialmente sede del Apartado General del Oro, concesionado a particulares (notablemente, miembros de la familia Fagoaga)  hasta 1778, en que fue retomado por la Corona. Custodia actualmente una notable colección numismática (incluyendo algunas raras macuquinas de los dos primeros siglos coloniales), el archivo histórico de la Casa de Moneda (ordenado hace algunos años por un equipo del INAH, coordinado por Inés Herrera) y gran parte de la maquinaria utilizada a principios del siglo XX.

El proyecto al parecer es continuar la restauración y adecuación del edificio, agregar una biblioteca, tienda de monedas y abrir una nueva puerta sobre la calle de Bolívar (la actual y original, sobre la calle del Apartado, se halla casi bloqueada por comerciantes ambulantes, y por lo visto las autoridades capitalinas no pueden obtener su deseable reubicación). Hay varios interesantes precedentes consultables para un museo de este género, notablemente el del excelente Museo  Casa de Moneda de Madrid, que cuenta asimismo con librería, espacio para reuniones académicas,  exposiciones temporales y conciertos. Ciertamente, la posible conversión del edificio del Apartado en un centro cultural y científico contribuiría a devolverle su dignidad a un barrio de antigua tradición.

Se trata sin duda de una gran noticia para quienes aprecian el patrimonio histórico, los entusiastas de la numismática y los interesados en la ilustre historia de nuestra Casa de Moneda. Una breve historia, la explicación de la tecnología monetaria y un fascinante vistazo al edificio y a las colecciones que custodia pueden apreciarse en este video.

Acabo de recibir la noticia de que la historiadora Delfina López Sarrelangue falleció a sus 92 años.  Es un aviso que me retrotrae a mis primeras lecturas de tema michoacano, cuando comenzaba a interesarme por la historia indígena de la región e inicié la lectura de su indispensable La nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal (UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1965). Como muchos habían hecho antes y otros harían  después, tomé prolijas notas, apunté referencias documentales,  y observé varios asuntos que parecían ofrecer perspectivas interesantes de reflexión. Posteriormente publiqué un par de libros y varios artículos sobre etnohistoria de Michoacán, y en casi todos ellos aparecen citas de esta obra.  No era cuestión de cortesía ni un prurito de erudición historiográfica: ocurría, simplemente, que lo escrito por la autora seguía siendo una referencia importante, y un buen punto de partida para discutir diferentes problemas de interpretación.

No la conocía personalmente. Sabía que después de haber trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNAM, se había jubilado. Años después, su principal libro (agotado de tiempo atrás), fue reeditado por la editorial moreliana Morevallado (1999), y el grupo Kw’anískuyarhani de Estudiosos del Pueblo Purepecha me pidió que hiciera algunos comentarios en una de sus reuniones, que como siempre tuvo lugar en el ex Colegio Jesuita de Pátzcuaro. Doña Delfina estuvo presente, y recuerdo bien la atención con que seguía y acompañaba las discusiones, y la vivacidad con que, acabada la parte formal de la reunión, nos narraba cómo había sido el ambiente de la vida académica en los años sesenta, con anécdotas sobre las variadas manías y aficiones de sus antiguos colegas, para ilustración (y también, ciertamente, algo de diversión) de los asistentes.

Los editores de Tzintzun, la excelente revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, me propusieron que convirtiera mis comentarios en una reseña, que  apareció publicada en su número 30 (2000). Espero no tomen a mal que, como modesto homenaje a la maestra, reproduzca aquí ese texto. He vuelto a revisarlo, y realmente no tendría mucho que corregir (excepto, en todo caso, alguna referencia cronológica) ni gran cosa que agregar, excepto que desde entonces han seguido apareciendo obras que discuten sus hipótesis. Para un historiador, no cabe mejor remembranza.

………

Delfina Esmeralda López Sarrelangue, La nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal, 2ª. ed., Morelia, Morevallado, 1999.

Este libro ha pasado la más dura de las pruebas: la del tiempo. Hay obras que tienen su cuarto de hora de fama por razones incidentales, ya sea porque se ocupan de temas que inquietan momentáneamente a la sociedad (como la amplia producción presente referida a Chiapas) o hasta cuestiones más incidentales, que tienen que ver con el prestigio de la editorial o la habilidad del autor para promoverse a sí mismo. Estas situaciones coyunturales tienden a desvanecerse y perder su importancia con el paso de las décadas; lo que queda al final, lo que se decanta, es la calidad, el peso específico de la investigación, que lleva a sucesivas generaciones de historiadores a consultarla y leerla con provecho y placer. Desde la primera edición de esta investigación han pasado 35 años. No resulta ocioso preguntarse cuál de las obras  de reciente aparición en librerías seguirá siendo leída en el año 2034.

En su momento, La nobleza indígena… fue un libro  casi aislado en el panorama historiográfico. Predominaban entonces los estudios sobre encomenderos, evangelizadores y hacendados; los indígenas aparecían en todo caso en el trasfondo, como el objeto sobre el cual recaían los proyectos y conductas de otros actores sociales. En contraste, esta obra colocó a los indígenas en primer plano, como protagonistas por derecho propio de la construcción de la sociedad colonial. Mostró, asimismo, que las reacciones frente a la conquista fueron tan variadas como los indígenas mismos. No ha sido su falta si un terco esencialismo al estilo lascasiano ha continuado refiriéndose a ellos como un todo homogéneo, siempre idéntico a su arcádica esencia.

Hay buenas razones para el continuado interés en esta obra. No es, ciertamente, de tema exclusivamente michoacano; por el contrario, contiene frecuentes alusiones a situaciones paralelas existentes en Oaxaca o el Valle de México, sustentadas tanto en una exhaustiva revisión de la documentación entonces disponible como en la revisión crítica de la bibliografía de aquellos tiempos. Por ello, ha continuando atrayendo la atención de los historiadores de muchas regiones.

Por otro lado, la autora realizó una meticulosa y pacientísima reconstrucción de las enredadas genealogías de los nobles indios de Michoacán. Solamente quien se ha adentrado en la maraña de documentos ambiguos, grafías variables, lagunas de información y deliberadas falsificaciones conoce el valor de este esfuerzo; el “catálogo diccionario” que aparece al final del texto es en verdad una guía de viajeros por el pasado. Esta analogía es particularmente pertinente, porque aunque su argumento mantiene una línea expositiva, siguiendo a la nobleza indígena cronológicamente, generación tras generación, no se limita a un simple listado de apellidos. Por el contrario, la discusión de los motivos de la evolución y decadencia de la nobleza toca, así sea brevemente, temas que siguen siendo objeto de la discusión contemporánea. Así, el caminante por el pretérito indígena michoacano recorre senderos una veces amplios y bien transitados, otros apenas reconocibles, pero que casi invariablemente fueron abiertos hace décadas por López Sarrelangue.

Varias hipótesis planteadas por la autora son actualmente de aceptación tan general que en ocasiones se olvida que fueron una novedad. En cierto modo, dejaron de ser conclusiones particulares para pasar a integrarse al saber común, a lo que ya por probado no se discute. Esto se refiere especialmente a las causas de la precipitada decadencia de la nobleza indígena: las quejas de los misioneros y funcionarios sobre la “tiranía” de los caciques, la desconfianza de la Corona hacia la existencia de un grupo con privilegios hereditarios, la adopción nobiliaria de un modo de vida “hidalgo”, más orientado al consumo que a la producción, la misma caída demográfica indígena, que debilitó su papel y su influencia como indispensables intermediarios, y en fin, la tendencia al mestizaje y la hispanización, que alejó a este grupo del entorno social que daba sentido a su existencia. La discusión posterior ha girado en torno a estos argumentos, corrigiendo aquí y agregando allá; pero el núcleo básico sigue siendo válido.

Hay, como es inevitable, aspectos donde el libro muestra el tiempo transcurrido. Uno de las cuestiones más notables tiene que ver con las fuentes: hace 25 años no existían las diversas instituciones e instancias que si por un lado nos acosan con sus obsesiones burocráticas,  por el otro nos proporcionan apoyos para visitar archivos y bibliotecas en el extranjero, como ocurre con el siempre inagotable Archivo General de Indias. Asimismo, del valioso Archivo Histórico del Ayuntamiento de Pátzcuaro la autora solamente pudo utilizar la selección microfilmada realizada por José Miranda y Jiménez Moreno, depositada posteriormente en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En unos y otros acervos hay material extremadamente variado y útil sobre la composición, sucesión y conflictos de la nobleza indígena, que espera al investigador que se atreva a complementar y corregir el enorme esfuerzo realizado tiempo atrás con recursos más limitados.

En cuestiones más conceptuales, López Sarrelangue sigue siendo una autora contemporánea y se la sigue citando y discutiendo como si sus conclusiones hubieran aparecido recientemente. Gracias a este libro, sabemos quiénes eran “caciques”, esto es, un grupo privilegiado dentro del conjunto más amplio de los principales indígenas, incluyendo a los descendientes directos del cazonci, pero también los linajes nobles que en tiempos prehispánicos habían sido los “ayos” o consejeros del cazonci, los miembros de su corte, y los señores de comunidades sujetas. Conocemos también que privilegios y obligaciones tenían, cuáles eran las formas de herencia e incluso los procesos por los cuales fueron perdiendo poco a poco su inicial importancia. Sin embargo, hay aspectos que aun nos resultan obscuros y discutibles. Estos aspectos tienen principalmente que ver con el cacicazgo como forma de organización política, esto es, como un medio de agrupar, ordenar y controlar a la población; y con sus tierras “patrimoniales”, así como el carácter de la relación con sus “terrazgueros” o arrendatarios.

López Sarrelangue ubica caciques en poblaciones que eran “cabeceras” , como Acámbaro, Chilchota y Maravatío; pero asimismo los encuentra en lugares tan secundarios que su misma ubicación resulta hoy día dudosa, como Acareno (un sujeto de Tarímbaro), Chupinguapareo (una estancia de Turicato) o Guaracha (un sujeto de Jacona, que con el tiempo daría nombre a una gran hacienda). La lista es curiosa; los cacicazgos tienden a coincidir con las cabeceras, pero no siempre. Tal parecería que la distribución de cacicazgos parece tener una lógica histórica, más que funcional. Puede, también, que los españoles no comprendieran plenamente el sentido de la institución, e introdujeran una confusión que nos crea dificultades de interpretación.

Asimismo, en el siglo XVI la atribución de los cacicazgos tuvo una supervisión virreinal que se manifestaba en documentos formales y un elaborado ritual de posesión. En épocas posteriores, hay caciques de Pátzcuaro, pero también de cada uno de sus barrios; en otras cabeceras, como Cherán, a fines de la colonia había tres linajes que declaraban ser de caciques; el reconocimiento gubernamental se hizo más laxo, esporádico y en ocasiones  inexistente.  Esta multiplicación de caciques y esta informalidad  tienen que ver sin duda con la pérdida de sus privilegios gubernativos y con su  deterioro económico; pero la transición, el deslizamiento semántico que se oculta detrás de la permanencia de la misma voz, todavía queda por elucidar.

Los nobles, y en particular los descendientes del cazonci, argumentaron que la mayor y mejor parte de las tierras de Michoacán pertenecían a la nobleza y al cazonci, y que el tributo pagado había sido el equivalente de una renta de la tierra. Los pueblos solamente habrían poseído por derecho propio tierras en cerros y malpaíses. En otros términos, la nobleza había sido gran propietaria, y sobre esta propiedad se construían relaciones sociales de subordinación y dependencia con los pueblos y con los llamados “terrazgueros”. Es muy clara la insistencia en esta interpretación en las reiteradas historias fundacionales acerca de que la nobleza bajó a los macehuales de los cerros donde se habían refugiado dando así origen al orden colonial. Esta manera de ver las cosas fue parcialmente aceptada por la Corona, de manera tal que los descendientes del cazonci se convirtieron en los mayores latifundistas del siglo XVI michoacano. Es también, en términos generales, la interpretación que acepta López Sarrelangue.

Sin embargo, es también posible que la vinculación entre comuneros y nobles indígenas fuese en la época prehispánica de naturaleza personal, basada en el parentesco y los vínculos recíprocos de lealtad y protección. Hay ciertos elementos que señalan el carácter inmediato y familiar de lo que podríamos llamar, con cierta laxitud conceptual,  el Estado michoacano prehispánico. En la relación geográfica de Pátzcuaro, por ejemplo, hay una lista de pueblos sujetos que incluye varios que no están identificados como un lugar, un asentamiento, sino por un oficio o el nombre de un noble. También es notable la ausencia en Michoacán de un término equivalente al de altepetl en nahuatl, tan omnipresente en los documentos y en el imaginario colectivo del altiplano central. En fin, vale la pena señalar que cuando los nobles entablaban litigios contra los macehuales, no demandaban la tierra en sí, sino el tributo y los servicios personales (aunque éste se limitara, como llega a ocurrir,  a una “kanakua” o entrega de un presente de flores).

Si esto era así, entonces el tributo dado a los señores no constituía propiamente una renta de la tierra, sino el reconocimiento de una sujeción entre personas. Tanto Margarita Menegus como Bernardo García, en otros contextos, han insistido en esta distinción y en sus consecuencias. En efecto, a mediados del siglo XVI la Corona decidió “macehualizar” a los terrazgueros, incorporándolos a los pueblos y dándoles derecho a recibir tierras de comunidad. En este contexto, la abolición del tributo dado a los nobles indígenas puede haberse interpretado como una desaparición de las relaciones de dependencia. En otras palabras, los antiguos terrazgueros se consideraron como poseedores con plenos derechos, sujetos sólo a la autoridad del rey; y la “rebelión de los macehuales” que López Sarrelangue observa desde el siglo XVI, podría ser resultado indirecto e imprevisto de una política fiscal de la Corona. Pero es un tema en el cual hay que navegar con mucho cuidado.

En fin, cabe congratularse por la reedición de este clásico, y es de esperarse que reciba el mejor de los homenajes que pueda recibir: que los historiadores actuales continúen la paciente labor de compilación de la autora,  y que retomen y discutan con nuevos elementos sus hipótesis y conclusiones.

…………

Publicado en revista Tzintzun, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 2000

H ace ya, ejem, algunos años, realicé una investigación sobre tumultos y rebeliones en la sociedad novohispana. La fuente más a propósito era desde luego el ramo “Criminal” del Archivo General de la Nación, donde se conservan los expedientes que llegaban a la Sala del Crimen de la Real Audiencia. Como en aquel tiempo no había índices, tuve que dedicar algo más de un semestre a revisar uno por uno los 745 volúmenes del ramo. Encontré lo que buscaba (o más bien parte de ello), y asimismo algunos  materiales sobre diversos temas que atrajeron mi interés, y que con el tiempo convertí en artículos o bien cedí a algunos alumnos para sus tesis. Desde luego  la mayor parte de mis notas simplemente quedaron en decenas de hojas ya amarillentas, a las que no he encontrado utilidad inmediata.

Hoy día,  disponemos de índices, muchos de los cuales están en bases de datos “en línea” (como la Guía general del AGN o el Portal de Archivos Españoles) que simplifican nuestra labor. La ubicación de materiales pertinentes que antes llevaba meses, puede hacerse ahora en unas pocas horas.  El progreso, sin embargo,  tiene sus riesgos. El principal es que una mala paleografía del indexador, un descuido mecanográfico, o un pestañeo del software compilador puede provocar errores tales que un documento jamás volverá a ser ubicado, a no ser por pura casualidad. Me ha ocurrido, por ejemplo,  que un personaje histórico como el cacique de Pátzcuaro, Antonio Huitzimengari, aparezca registrado como “Antonio Ruiz Cimengari”. Los índices, como mencionaba Carlos León en un comentario en este blog, a veces tienen mal las fechas, o  confunden los lugares (por ejemplo, Cutzio y Cuitzeo, en Michoacán, tienen incontables errores recíprocos de registro).

Agréguese que, además de los errores de indexado, muchas veces la carátula (esto es, el “título” del expediente, que es el que usualmente recoge el índice) no refleja más que muy parcialmente el contenido. Y, obviamente, a veces un historiador está buscando datos particulares (algún lugar, personaje o festividad), o bien los temas subyacentes (pero no explícitos) en los documentos, tales como ideas, prejuicios, fórmulas jurídicas o expresiones retóricas.

Un historiador con maña procura hacer búsquedas cruzadas, o intentar múltiples palabras “clave”, pero a veces simplemente confía en su instinto, más o menos como el minero que clavaba su piqueta en una piedra áspera, confiando que la veta estaría allí abajo. Sin embargo, las urgencias “publicacionales” de la actual vida académica restringen evidentemente este tipo de búsquedas. La paciente revisión de volumen tras volumen, la convivencia cotidiana con la frustración, la emoción del descubrimiento, son cada vez más cosa del pasado. En un sentido, nos hemos vuelto sin duda más eficientes; pero no puedo dejar de pensar que hemos perdido algo por el camino.

HHace unos días el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (más conocido como IFAI) aprobó una resolución que es de interés para los historiadores. En efecto, un particular había solicitado al Archivo General de la Nación, al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental , que se le remitiera copia certificada y legible del acta de matrimonio del primer matrimonio de  Porfirio Díaz, celebrado con Delfina Ortega en 1867, con fines no especificados.

En respuesta, el AGN hizo entrega de una copia digital del acta del segundo matrimonio del general (el realizado con Carmen Romero Rubio),  y de otro documento descrito como “ilegible”, donde se alcanza a distinguir el nombre de doña Delfina. El solicitante presentó un recurso, alegando que no era lo pedido y que en todo caso debería habérsele entregado una versión legible del segundo documento. El IFAI le ha dado la razón.

El asunto es de interés por la discusión a que dio lugar en el IFAI. La comisionada María Marván Laborde presentó un voto de desacuerdo, argumentando que “esta ley no es para conseguir información de un archivo histórico, creo que el propósito no es convertir a las dependencias y entidades, ni aun al AGN, en ayudantes de investigador”. Agregó que el 30% de más de un millón de consultas y de 539 solicitudes de información actualmente realizadas corresponden a académicos e investigadores, y por ello “la respuesta a estas solicitudes debe ser, venga a buscarla o búsquela en internet, porque si no, no acabaríamos nunca”.    La comisionada presidente, Jacqueline Peschard, replicó que “por supuesto que respeto el voto disidente, pero no estoy pidiéndole (al AGN) que haga una investigación, ni que haga una búsqueda”, aunque no explicó cómo el Archivo se las arreglaría para dar obedecimiento a este mandato y otros similares.

¿Significa esta resolución que los cientos de historiadores del país pueden omitir el viaje y las horas de búsqueda en cualquier archivo público, más el costo de las copias necesarias para su investigación? Tomada literalmente, la resolución parecería indicar que podríamos solicitar los documentos necesarios para un artículo o un libro a través del sistema Infomex, y esperar cómodamente a que el archivo nos los envíe en versión digital. Y, para mayor comodidad, convenientemente paleografiados, en caso de que sea necesario.

Cabe anotar que el asunto no es nuevo, y que las instituciones implicadas no han tenido una política bien definida al respecto. Aunque la mayoría de las solicitudes presentadas al IFAI se han referido a asuntos contemporáneos, , hay varias que son “históricas” en el sentido tradicional del término, como un requerimiento acerca de la existencia de algún decreto, orden o instrucción presidencial emitida por Lázaro Cárdenas por medio de la cual se otorgaba un centavo por cada venta de un barril de crudo a sí mismo y a toda su descendencia (lo cual nunca se encontró).

Otra solicitud  fue la que pidió información sobre “contenidos históricos” en documentos, fotografias, películas, discos, objetos materiales, libros, revistas, entre otras cosas, que se refirieran al Estado de Morelos, su gente, su gobierno y su historia. La respuesta de la Unidad de Enlace del AGN fue que en sus acervos se hallaron 26 expedientes de instituciones coloniales, otros 26 de época moderna y contemporánea, y 22 de archivos particulares.  Asimismo, en la biblioteca se localizaron diversas referencias bibliohemerográficas. Por esta razón,  podían ser consultados “in situ”.

El solicitante presentó un recurso de revisión, alegando que “la información que se me otorga de acuerdo a mi solicitud, es muy genérica, ambigua y simple, ya que mi solicitud especifica el poder detallar los contenidos de todas la obras que contengan alguna reseña sobre el Estado de Morelos”. Este recurso fue rechazado por razones formales (aunque no por las dificultades prácticas que hubiera implicado su aceptación). La disímil respuesta institucional parece haber dependido de lo que se describe como “la naturaleza de la documentación” solicitada o, en otros términos, si se trata de documentos aislados y bien definidos o por el contrario, de peticiones vagas y que implicarían cientos de copias. La distinción, por ahora, no es evidente.

Más allá de estos problemas prácticos (que para una institución pueden llegar a ser muy serios) existe una cuestión conceptual, ya insinuada por Marván. ¿Es dable recurrir a las leyes sobre transparencia para solicitar la ubicación y entrega de documentos históricos? ¿Contribuye en algo a la democracia mexicana que sea posible conseguir fácilmente la información existente, digamos, sobre la descendencia de Hernán Cortés en el siglo XVI?

El asunto no ha escapado al IFAI, y hace algún tiempo el comisionado Alonso Gómez Robledo coordinó un estudio sobre la situación prevaleciente en los archivos de Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Reino Unido y Portugal. Las conclusiones establecieron que había una gran diversidad al respecto, pues si bien en algunos países los documentos históricos son accesibles en términos de las leyes sobre transparencia e información gubernamental, en otros esto se limita a documentos administrativos (lo cual, supongo, quiere decir “recientes”)  En general, la moratoria o plazo que debe transcurrir para que un documento sea considerado “histórico” en estos países es de 30 años , aunque hay variaciones que dependen de la procedencia y confidencialidad. Sin embargo, este interesante estudio no parece haber dado lugar a un criterio claro y coherente sobre el tema. Habrá que estar atentos a nuevas decisiones  del IFAI sobre peticiones similares. El asunto, por otro lado, tiene varias connotaciones laterales para los historiadores, que comentaré más adelante.

esta ley no es para conseguir información de un archivo histórico, creo que el propósito no es convertir a las dependencias y entidades, ni aun al AGN, en ayudantes de investigador”,