Sobre la propiedad agraria en Yucatán teníamos un panorama bastante satisfactorio, pero incompleto. Gracias a la historiografía previa conocíamos Laura Machuca-librorazonablemente bien su extensión, nivel de endeudamiento, relaciones de trabajo, así como las relaciones conflictivas que tuvo con las tierras comunales. Lo que falta nos hacía era considerar con detenimiento a sus propietarios. Es de lo que se ocupa en este libro Laura Machuca, bien conocida por los lectores del pasado colonial por sus trabajos previos sobre el comercio de la sal, el cacicazgo y, ciertamente, la propiedad de la tierra….

Hay  en este libro datos, narrativas y argumentos del mayor interés para nuestra comprensión del pasado agrario yucateco. Y como sucede con las buenas obras, deja preguntas y abre perspectivas sobre las que bien valdría regresar en algún futuro cercano.

Véase el texto completo de esta reseña en

sobre Laura Machuca, Los hacendados de Yucatán (1785-1847). Un aporte valioso al estudio del mundo agrario de la península yucateca en la época colonial.

en Boletín de la AFEHC,  Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica, 2013.

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Las elecciones están cercanas, y como no podía ser de otra manera, los historiadores nos hemos puesto a revisar nuestras notas y lecturas sobre comicios en el pasado. Arno Burkholder se ha ocupado de las votaciones del México independiente, y David Carbajal nos ha recordado que existían precedentes coloniales de elecciones, en este caso de cofradías y de órdenes religiosas.

En la Nueva España también había votaciones para elegir a los integrantes de los ayuntamientos, pero no los de españoles (cuyos miembros obtenían el cargo gracias a un remate público).  Donde sí había verdaderos comicios era en los cabildos o “repúblicas” de indios, en los que cada año se elegían gobernador, alcaldes y regidores. Estas autoridades estaban a cargo de mantener el orden, atender asuntos judiciales de menor entidad, recaudar los tributos, organizar las “tandas” del trabajo obligatorio, administrar los recursos comunitarios (como las tierras, aguas y bosques), coadyuvar con el cura párroco y representar los intereses del pueblo frente a las autoridades. A  nivel local, eran asuntos de gran importancia, que afectaban a todos y cada uno de los pobladores. Por esta razón muchas veces aparecían intereses y ambiciones en pugna, que tenían el mayor interés en acomodar la elección a su manera.

Quienes participaban en la votación, como electores y elegibles, eran los hombres “nobles”, con exclusión de los indios “del común”.  A veces la votación  era aun más restringida, y solo votaban los “oficiales” de república salientes, el cacique y los “viejos”, esto es, quienes habían participado anteriormente en cargos de gobierno.

La elección se realizaba al  principio de cada año. Los electores se reunían en las casas de comunidad, sin que debieran estar presentes funcionarios, el cura párroco o ningún vecino español o de las “castas”.

El virrey Velasco entrega las varas de gobierno a los oficiales de república (Códice Osuna)

El virrey Velasco entrega las varas de gobierno a los oficiales de república (Códice Osuna)

La votación tenía que ser libre, ordenada, pacífica y “a mayores votos”.  Cuando concluía,  el escribano indígena levantaba un acta que se llevaba ante el alcalde mayor español. El magistrado entregaba provisionalmente las varas de gobierno a los electos y les concedía 30 días de plazo para acudir a la capital virreinal para confirmar su nombramiento. Si no parecía haber ninguna irregularidad, el virrey  hacía constar la aprobación al pie del acta electoral, tras lo cual los elegidos regresaban  a su pueblo para presentar el documento y jurar el buen uso de su oficio ante el alcalde mayor.

Como puede verse, existía una serie de normas y precauciones para asegurar la legalidad del proceso, que mucho nos recuerdan la complicada normativa contemporánea. Sin embargo, había varios procedimientos para que el gobernador saliente, o  incluso los curas párrocos y alcaldes mayores,  manipularan la jornada electoral o  recurrieran a distintas formas de fraude:

La coerción: los electores desafectos al gobernador saliente eran amenazados o encarcelados con diversos pretextos (deuda de tributos, maltratos a su esposa, embriaguez pública), y sólo eran liberados cuando comprometían su voto hacia los candidatos “oficiales”.

La descalificación: los candidatos podían ser acusados de no cumplir con el requisito de  ser “indio puro”, o bien se les tachaba de faltas a la moral, a los deberes de buen cristiano, o de ser pleitista y haber dejado deudas en algún periodo anterior de gobierno. En el momento previo a la elección, podían ser denunciados como inelegibles por estos motivos.

La manipulación del “padrón electoral”: como no había listas  formales de electores, quien tenía o no el derecho a votar podía ser objeto de dudas. A veces se impedía el acceso a la sala de cabildos de algunos electores, sobre todo cuando eran contrarios a las autoridades salientes, lo cual daba lugar empujones e insultos.

El madruguete: cuando los electores iban a presentar el acta de la elección ante el alcalde mayor, descubrían que se había hecho previamente una votación en secreto, y que incluso los conspiradores habían ya obtenido la confirmación virreinal.

La variante colonial de la “operación tamal”:  uno de los candidatos  reunía a los electores en su casa, varios días antes de la elección, y ahí permanecían, entre música, comida y bebida. De ahí partían a ejercer su voto, con los resultados previsibles.

Estas manipulaciones daban lugar a indignadas quejas que no se presentaban ante las autoridades españolas locales (muchas veces implicadas en el fraude) sino directamente ante el virrey, aunque fuese necesario acudir desde largas distancias a la ciudad de México. En esos casos, el alto funcionario iniciaba una averiguación, pedía informes al alcalde mayor, cura párroco o personalidades locales, y daba aviso a la parte contraria para que alegara su derecho. Si el asunto parecía grave, podía disponer la suspensión del gobernador electo, y que dirigiera interinamente el pueblo una persona respetada, a veces originaria de otro lugar, para calmar los ánimos. En ocasiones, los informes, contrainformes y alegatos se alargaban de tal manera que el conflicto por una elección se empataba con la votación siguiente, con las consecuencias que pueden imaginarse.

Desde luego, muchas elecciones transcurrían pacíficamente y sin conflictos, pero no hay mayor duda de que la tradición  de la manipulación y el fraude electoral no se originó en fechas recientes (como a veces se piensa), sino que tiene orígenes coloniales.

Acabo de recibir la noticia de que la historiadora Delfina López Sarrelangue falleció a sus 92 años.  Es un aviso que me retrotrae a mis primeras lecturas de tema michoacano, cuando comenzaba a interesarme por la historia indígena de la región e inicié la lectura de su indispensable La nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal (UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, 1965). Como muchos habían hecho antes y otros harían  después, tomé prolijas notas, apunté referencias documentales,  y observé varios asuntos que parecían ofrecer perspectivas interesantes de reflexión. Posteriormente publiqué un par de libros y varios artículos sobre etnohistoria de Michoacán, y en casi todos ellos aparecen citas de esta obra.  No era cuestión de cortesía ni un prurito de erudición historiográfica: ocurría, simplemente, que lo escrito por la autora seguía siendo una referencia importante, y un buen punto de partida para discutir diferentes problemas de interpretación.

No la conocía personalmente. Sabía que después de haber trabajado en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNAM, se había jubilado. Años después, su principal libro (agotado de tiempo atrás), fue reeditado por la editorial moreliana Morevallado (1999), y el grupo Kw’anískuyarhani de Estudiosos del Pueblo Purepecha me pidió que hiciera algunos comentarios en una de sus reuniones, que como siempre tuvo lugar en el ex Colegio Jesuita de Pátzcuaro. Doña Delfina estuvo presente, y recuerdo bien la atención con que seguía y acompañaba las discusiones, y la vivacidad con que, acabada la parte formal de la reunión, nos narraba cómo había sido el ambiente de la vida académica en los años sesenta, con anécdotas sobre las variadas manías y aficiones de sus antiguos colegas, para ilustración (y también, ciertamente, algo de diversión) de los asistentes.

Los editores de Tzintzun, la excelente revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, me propusieron que convirtiera mis comentarios en una reseña, que  apareció publicada en su número 30 (2000). Espero no tomen a mal que, como modesto homenaje a la maestra, reproduzca aquí ese texto. He vuelto a revisarlo, y realmente no tendría mucho que corregir (excepto, en todo caso, alguna referencia cronológica) ni gran cosa que agregar, excepto que desde entonces han seguido apareciendo obras que discuten sus hipótesis. Para un historiador, no cabe mejor remembranza.

………

Delfina Esmeralda López Sarrelangue, La nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal, 2ª. ed., Morelia, Morevallado, 1999.

Este libro ha pasado la más dura de las pruebas: la del tiempo. Hay obras que tienen su cuarto de hora de fama por razones incidentales, ya sea porque se ocupan de temas que inquietan momentáneamente a la sociedad (como la amplia producción presente referida a Chiapas) o hasta cuestiones más incidentales, que tienen que ver con el prestigio de la editorial o la habilidad del autor para promoverse a sí mismo. Estas situaciones coyunturales tienden a desvanecerse y perder su importancia con el paso de las décadas; lo que queda al final, lo que se decanta, es la calidad, el peso específico de la investigación, que lleva a sucesivas generaciones de historiadores a consultarla y leerla con provecho y placer. Desde la primera edición de esta investigación han pasado 35 años. No resulta ocioso preguntarse cuál de las obras  de reciente aparición en librerías seguirá siendo leída en el año 2034.

En su momento, La nobleza indígena… fue un libro  casi aislado en el panorama historiográfico. Predominaban entonces los estudios sobre encomenderos, evangelizadores y hacendados; los indígenas aparecían en todo caso en el trasfondo, como el objeto sobre el cual recaían los proyectos y conductas de otros actores sociales. En contraste, esta obra colocó a los indígenas en primer plano, como protagonistas por derecho propio de la construcción de la sociedad colonial. Mostró, asimismo, que las reacciones frente a la conquista fueron tan variadas como los indígenas mismos. No ha sido su falta si un terco esencialismo al estilo lascasiano ha continuado refiriéndose a ellos como un todo homogéneo, siempre idéntico a su arcádica esencia.

Hay buenas razones para el continuado interés en esta obra. No es, ciertamente, de tema exclusivamente michoacano; por el contrario, contiene frecuentes alusiones a situaciones paralelas existentes en Oaxaca o el Valle de México, sustentadas tanto en una exhaustiva revisión de la documentación entonces disponible como en la revisión crítica de la bibliografía de aquellos tiempos. Por ello, ha continuando atrayendo la atención de los historiadores de muchas regiones.

Por otro lado, la autora realizó una meticulosa y pacientísima reconstrucción de las enredadas genealogías de los nobles indios de Michoacán. Solamente quien se ha adentrado en la maraña de documentos ambiguos, grafías variables, lagunas de información y deliberadas falsificaciones conoce el valor de este esfuerzo; el “catálogo diccionario” que aparece al final del texto es en verdad una guía de viajeros por el pasado. Esta analogía es particularmente pertinente, porque aunque su argumento mantiene una línea expositiva, siguiendo a la nobleza indígena cronológicamente, generación tras generación, no se limita a un simple listado de apellidos. Por el contrario, la discusión de los motivos de la evolución y decadencia de la nobleza toca, así sea brevemente, temas que siguen siendo objeto de la discusión contemporánea. Así, el caminante por el pretérito indígena michoacano recorre senderos una veces amplios y bien transitados, otros apenas reconocibles, pero que casi invariablemente fueron abiertos hace décadas por López Sarrelangue.

Varias hipótesis planteadas por la autora son actualmente de aceptación tan general que en ocasiones se olvida que fueron una novedad. En cierto modo, dejaron de ser conclusiones particulares para pasar a integrarse al saber común, a lo que ya por probado no se discute. Esto se refiere especialmente a las causas de la precipitada decadencia de la nobleza indígena: las quejas de los misioneros y funcionarios sobre la “tiranía” de los caciques, la desconfianza de la Corona hacia la existencia de un grupo con privilegios hereditarios, la adopción nobiliaria de un modo de vida “hidalgo”, más orientado al consumo que a la producción, la misma caída demográfica indígena, que debilitó su papel y su influencia como indispensables intermediarios, y en fin, la tendencia al mestizaje y la hispanización, que alejó a este grupo del entorno social que daba sentido a su existencia. La discusión posterior ha girado en torno a estos argumentos, corrigiendo aquí y agregando allá; pero el núcleo básico sigue siendo válido.

Hay, como es inevitable, aspectos donde el libro muestra el tiempo transcurrido. Uno de las cuestiones más notables tiene que ver con las fuentes: hace 25 años no existían las diversas instituciones e instancias que si por un lado nos acosan con sus obsesiones burocráticas,  por el otro nos proporcionan apoyos para visitar archivos y bibliotecas en el extranjero, como ocurre con el siempre inagotable Archivo General de Indias. Asimismo, del valioso Archivo Histórico del Ayuntamiento de Pátzcuaro la autora solamente pudo utilizar la selección microfilmada realizada por José Miranda y Jiménez Moreno, depositada posteriormente en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En unos y otros acervos hay material extremadamente variado y útil sobre la composición, sucesión y conflictos de la nobleza indígena, que espera al investigador que se atreva a complementar y corregir el enorme esfuerzo realizado tiempo atrás con recursos más limitados.

En cuestiones más conceptuales, López Sarrelangue sigue siendo una autora contemporánea y se la sigue citando y discutiendo como si sus conclusiones hubieran aparecido recientemente. Gracias a este libro, sabemos quiénes eran “caciques”, esto es, un grupo privilegiado dentro del conjunto más amplio de los principales indígenas, incluyendo a los descendientes directos del cazonci, pero también los linajes nobles que en tiempos prehispánicos habían sido los “ayos” o consejeros del cazonci, los miembros de su corte, y los señores de comunidades sujetas. Conocemos también que privilegios y obligaciones tenían, cuáles eran las formas de herencia e incluso los procesos por los cuales fueron perdiendo poco a poco su inicial importancia. Sin embargo, hay aspectos que aun nos resultan obscuros y discutibles. Estos aspectos tienen principalmente que ver con el cacicazgo como forma de organización política, esto es, como un medio de agrupar, ordenar y controlar a la población; y con sus tierras “patrimoniales”, así como el carácter de la relación con sus “terrazgueros” o arrendatarios.

López Sarrelangue ubica caciques en poblaciones que eran “cabeceras” , como Acámbaro, Chilchota y Maravatío; pero asimismo los encuentra en lugares tan secundarios que su misma ubicación resulta hoy día dudosa, como Acareno (un sujeto de Tarímbaro), Chupinguapareo (una estancia de Turicato) o Guaracha (un sujeto de Jacona, que con el tiempo daría nombre a una gran hacienda). La lista es curiosa; los cacicazgos tienden a coincidir con las cabeceras, pero no siempre. Tal parecería que la distribución de cacicazgos parece tener una lógica histórica, más que funcional. Puede, también, que los españoles no comprendieran plenamente el sentido de la institución, e introdujeran una confusión que nos crea dificultades de interpretación.

Asimismo, en el siglo XVI la atribución de los cacicazgos tuvo una supervisión virreinal que se manifestaba en documentos formales y un elaborado ritual de posesión. En épocas posteriores, hay caciques de Pátzcuaro, pero también de cada uno de sus barrios; en otras cabeceras, como Cherán, a fines de la colonia había tres linajes que declaraban ser de caciques; el reconocimiento gubernamental se hizo más laxo, esporádico y en ocasiones  inexistente.  Esta multiplicación de caciques y esta informalidad  tienen que ver sin duda con la pérdida de sus privilegios gubernativos y con su  deterioro económico; pero la transición, el deslizamiento semántico que se oculta detrás de la permanencia de la misma voz, todavía queda por elucidar.

Los nobles, y en particular los descendientes del cazonci, argumentaron que la mayor y mejor parte de las tierras de Michoacán pertenecían a la nobleza y al cazonci, y que el tributo pagado había sido el equivalente de una renta de la tierra. Los pueblos solamente habrían poseído por derecho propio tierras en cerros y malpaíses. En otros términos, la nobleza había sido gran propietaria, y sobre esta propiedad se construían relaciones sociales de subordinación y dependencia con los pueblos y con los llamados “terrazgueros”. Es muy clara la insistencia en esta interpretación en las reiteradas historias fundacionales acerca de que la nobleza bajó a los macehuales de los cerros donde se habían refugiado dando así origen al orden colonial. Esta manera de ver las cosas fue parcialmente aceptada por la Corona, de manera tal que los descendientes del cazonci se convirtieron en los mayores latifundistas del siglo XVI michoacano. Es también, en términos generales, la interpretación que acepta López Sarrelangue.

Sin embargo, es también posible que la vinculación entre comuneros y nobles indígenas fuese en la época prehispánica de naturaleza personal, basada en el parentesco y los vínculos recíprocos de lealtad y protección. Hay ciertos elementos que señalan el carácter inmediato y familiar de lo que podríamos llamar, con cierta laxitud conceptual,  el Estado michoacano prehispánico. En la relación geográfica de Pátzcuaro, por ejemplo, hay una lista de pueblos sujetos que incluye varios que no están identificados como un lugar, un asentamiento, sino por un oficio o el nombre de un noble. También es notable la ausencia en Michoacán de un término equivalente al de altepetl en nahuatl, tan omnipresente en los documentos y en el imaginario colectivo del altiplano central. En fin, vale la pena señalar que cuando los nobles entablaban litigios contra los macehuales, no demandaban la tierra en sí, sino el tributo y los servicios personales (aunque éste se limitara, como llega a ocurrir,  a una “kanakua” o entrega de un presente de flores).

Si esto era así, entonces el tributo dado a los señores no constituía propiamente una renta de la tierra, sino el reconocimiento de una sujeción entre personas. Tanto Margarita Menegus como Bernardo García, en otros contextos, han insistido en esta distinción y en sus consecuencias. En efecto, a mediados del siglo XVI la Corona decidió “macehualizar” a los terrazgueros, incorporándolos a los pueblos y dándoles derecho a recibir tierras de comunidad. En este contexto, la abolición del tributo dado a los nobles indígenas puede haberse interpretado como una desaparición de las relaciones de dependencia. En otras palabras, los antiguos terrazgueros se consideraron como poseedores con plenos derechos, sujetos sólo a la autoridad del rey; y la “rebelión de los macehuales” que López Sarrelangue observa desde el siglo XVI, podría ser resultado indirecto e imprevisto de una política fiscal de la Corona. Pero es un tema en el cual hay que navegar con mucho cuidado.

En fin, cabe congratularse por la reedición de este clásico, y es de esperarse que reciba el mejor de los homenajes que pueda recibir: que los historiadores actuales continúen la paciente labor de compilación de la autora,  y que retomen y discutan con nuevos elementos sus hipótesis y conclusiones.

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Publicado en revista Tzintzun, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 2000

De próxima aparición:

Los indios y las ciudades de Nueva España

Felipe Castro Gutiérrez, coordinador

Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2010.

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